Carlos Portomeñe. Mundo Obrero
Carlos García Juliá, coautor de la matanza
cometida el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Atocha,
saldrá a la calle el próximo 19 de noviembre tras una relectura de su
condena y la aplicación de beneficios penitenciarios obtenidos con
anterioridad a su evasión en 1996. Resulta extraño que tras veintidós
años sin el más mínimo interés por parte del Estado para buscarlo y
extraditarlo a España, García Juliá haya aparecido, haya sido
extraditado, la Audiencia Nacional se haya equivocado en el cómputo de
su condena y una Audiencia Provincial le deje libre. Máxime cuando la
vida y andanzas del ultraderechista están plagadas de fugas y decisiones
judiciales absurdas o poco comprensibles que incluyen polémicos
permisos e insólitos beneficios penitenciarios, así como un marcado
desinterés por detenerlo cuando se encontraba localizado en América
Latina.
Hijo de un comandante de artillería, Carlos García
Juliá nació en Madrid el 31 de octubre de 1955 y llegó a ser
responsable regional de Fuerza Joven, la rama juvenil de Fuerza Nueva,
antes de abandonar la organización por un altercado interno. Prestó el
servicio militar como voluntario en la segunda bandera paracaidista de
la BRIPAC, alcanzando la graduación de cabo, y antes de los sucesos de
Atocha trabajaba como empleado en la empresa Coprymar, dedicada a la
importación de whisky y dirigida por exiliados cubanos.
Días antes de la matanza de Atocha, estaba en contacto con los servicios secretos a través de un agente del Servicio Central de Documentación (SECED) que utilizaba el pseudónimo de Luis Barco Bellver. En concreto, un testigo presencial les identificó en una reunión mantenida en la cafetería Dólar el 18 de enero de 1977 [1].
La noche del 24 de enero de ese mismo año, entró en el despacho de abogados de la calle Atocha junto a José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada y disparó contra las nueve personas que se encontraban presentes, matando a cinco de ellas e hiriendo a otras cuatro, todas militantes del PCE y de CCOO. El 13 de marzo fue detenido en la estación de tren de Almería junto a otra implicada, Gloria Herguedas, cuando acudían a reunirse con Fernández Cerrá. Ese mismo día, el agente Bellver mantuvo una reunión con algunos miembros importantes de la extrema derecha en una habitación de la tercera planta del hotel Meliá Castilla para darles detalles de la operación policial.
Reclutado por un agente del SECED
Unos meses antes de celebrarse el juicio, el domingo 21 de octubre de 1979, Carlos García Juliá y otro recluso de ultraderecha condenado por homicidio, José Luis Magaña, entraron armados con sendos puñales en el domicilio del director de la prisión de Ciudad Real, Pedro García Martín, y le tomaron como rehén junto a su esposa, sus cuatro hijos y un funcionario. Tardaron doce horas en poner fin al secuestro, en el transcurso de las cuales Juliá realizó declaraciones telefónicas a Radio Nacional de España en las que asumió su implicación en el crimen de Atocha, reconoció que su estancia en prisión era justa y profirió una frase que repetiría siempre a lo largo de los años: “Disparé contra cuatro comunistas”. El secuestro e intento de fuga le costaron otros tres años y veinte días de cárcel. A pesar de estos hechos, la Audiencia de Ciudad Real pretende aplicarle beneficios penitenciarios para salir anticipadamente de prisión [2].
Cuando el juicio por la matanza de Atocha se celebró en febrero de 1980, García Juliá y Fernández Cerrá fueron condenados como autores materiales de la matanza a una pena de 193 años de reclusión, aunque la sentencia establecía un periodo máximo de treinta años reales de prisión como cumplimiento de la pena. Durante el juicio trascendió la supuesta identidad del agente de inteligencia que le había reclutado: Arturo Prieto Cueto, comandante de la Guardia Civil adscrito al SECED, que mantenía hilo directo con los neofascistas italianos pertenecientes a la operación Gladio de la OTAN.
En diciembre de 1983, ambos planeaban un nuevo intento de fuga de la prisión de San Antón, en Cartagena. Esta vez junto a los dos condenados por el asesinato de Yolanda González pero la intentona fue descubierta por los funcionarios antes de que pudieran llevarla a cabo.
Emilio Hellín, uno de los implicados, se fugó finalmente a Paraguay en 1987, aprovechando un permiso concedido por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid. Los padres de Yolanda González presentaron una querella criminal por estimar que el permiso concedido facilitó su fuga. En 1989 declaró al diario paraguayo ABC que una fuga anterior de la prisión de Alcalá había estado apoyada por "sus camaradas del servicio de inteligencia militar español". En febrero de 2013, el diario El País destapaba que pese a dos fugas de la cárcel solo cumplió 14 de los 43 años de condena y que trabajó para la Policía y la Guardia Civil como uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en casos de terrorismo y delincuencia organizada. Como se verá, existen claras y sospechosas semejanzas entre la vida de Hellín y la de García Juliá, incluyendo los beneficios penitenciarios que les fueron concedidos.
Libertad condicional y huida
El 23 de septiembre de 1991, Carlos García Juliá obtuvo una polémica libertad condicional que se mantuvo en secreto hasta un año después, cuando Diario 16 publicó la noticia [3] . Nunca había disfrutado del tercer grado penitenciario, a pesar de que en su ficha carcelaria figuraban siete peticiones de revisión de grado y sesenta y tres traslados desde prisión.
Una vez en la calle, creó con Jaime Febrel y Simón, también de extrema derecha, una empresa de espionaje e informes comerciales denominada García & Febrel, a pesar de carecer de licencia del Ministerio del Interior y no figurar ni en el Registro de la Propiedad Mercantil y Sociedades ni en el Registro de Marcas. La legislación exigía para las agencias de detectives un permiso emitido por el Ministerio del Interior y que los titulares careciesen de antecedentes penales. Aun así, la sociedad se constituyó con créditos de Cajamadrid y estaba situada en una lujosa oficina de una torre de la calle Menéndez Pelayo de Madrid. En febrero de 1993 se vio implicada en el espionaje a Baltasar Garzón, revelado por la Audiencia Nacional y relacionado con el procesamiento por parte del juez de Monzer Al Kassar, uno de los mayores traficantes de armas.
Un año después, el 12 de agosto de 1994, Juliá presentó un escrito en la Sección Penal de la Audiencia Nacional, solicitando la posibilidad de abandonar España y trasladarse a la capital de Paraguay por una oferta laboral. Por tratarse de un periodo vacacional, la Audiencia no tramitó la solicitud hasta el mes de septiembre, cuando por fin la remitió al Juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, José Luis Castro Antonio [4]. Su caso dio lugar a un laberinto burocrático lleno de conflictos competenciales y jurisdiccionales que se ha hecho habitual hasta la actualidad antes de cada uno de sus permisos o fugas. Hasta el punto de que la actitud de la Audiencia Nacional siempre se ha parecido más a un baile de máscaras que a un problema de competencias. Exactamente igual a lo sucedido en la actualidad con la Audiencia provincial de Ciudad Real. Su situación penitenciaria dependía de la autoridad judicial de Castilla y León porque antes de la obtención de la libertad condicional estaba recluido en la prisión de Villanubla, en Valladolid. Sin embargo, al tener fijado su domicilio en Madrid, el control de su libertad condicional correspondía a la Comisión de Asistencia Social (CAS) de la capital. Este hecho provocó un vacío durante el cual no se tomaron decisiones por parte de ninguna de las administraciones de justicia. Y la falta de noticias sobre Juliá llevó a algunos responsables penitenciarios a contactar con sus familiares para intentar que estos le aconsejaran regresar a España y aclarar su situación legal.
Finalmente, el 1 de diciembre, el juzgado de Valladolid (el mismo que a Hellín) autorizó a Juliá la residencia en Paraguay, país donde ya se encontraba desde principios del mes de septiembre. Había viajado antes de tener el permiso definitivo, pese a encontrarse en libertad condicional y sin haber extinguido su pena. Ninguna administración aclaró cuándo había viajado o si tenía permiso para hacerlo pero el día 6 de septiembre se presentó en la embajada de España en Asunción, donde se inscribió como transeúnte y envió a las autoridades españolas la copia de un contrato laboral con una empresa denominada Traflumar. El juez le había concedido la autorización esgrimiendo tres argumentos fundamentales: uno, el solicitante estaba rehabilitado; dos, el empleo en Paraguay era un buen sistema para su reinserción social; y tres, el solicitante destacaba por su buen comportamiento. "Hasta ahora ha respondido perfectamente a todos los beneficios penitenciarios", señalaba textualmente el auto judicial.
En Paraguay con una autorización ilegal y desaparece
Sin embargo, Juliá había sido autorizado pese a figurar en el fichero de internos de especial seguimiento (FIES) por su condición de terrorista, cuyo control debería haber sido especial incluso al encontrarse en libertad condicional. Y la legislación no preveía el supuesto de cumplir la libertad condicional en otro país, excepto en el caso de extranjeros condenados en España. El propio ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch (PSOE), se vio obligado a responder en el Congreso a las preguntas sobre el tema, incluyendo las presentadas por su propio partido, en concreto por el diputado José María Mohedano, también abogado de la acusación particular en el caso Atocha, que arremetió en su intervención contra la fiscalía, los magistrados de la Audiencia Nacional y el juez Castro por autorizar la salida de España de un asesino en libertad condicional. Mohedano también acusaba a la Audiencia Nacional de clara pasividad por no haberse ni molestado en reclamar a García Juliá (y a Fernández Cerrá) el pago de los casi 50 millones de pesetas de indemnización a que fueron condenados y que nunca han pagado.
Casi cinco meses después de su llegada a Paraguay, trascendió que seguía residiendo en el país pero lo hacía sin ningún control administrativo y sin necesidad de presentarse regularmente ante las autoridades españolas. La embajada comunicó que había comparecido una única vez en el mes de septiembre y que su presencia había pasado desapercibida porque aquel día la delegación diplomática española estaba muy ajetreada por la visita al país del presidente del gobierno, Felipe González [5].
Nueve días después de la decisión judicial, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Antonio del Hoyo, presentó un recurso que finalmente sería aceptado por el juez. En el nuevo auto, José Luis Castro reconocía que era muy complicado controlar la libertad condicional de Juliá en un país extranjero, asumiendo un argumento que había desechado al conceder la autorización pese a que la embajada española había comunicado en septiembre que no podría hacerse cargo del seguimiento. Además, consideraba que existían indicios negativos en su comportamiento al haber abandonado España sin aguardar la resolución judicial sobre su petición de traslado a Paraguay [6] . Por estos y otros motivos, el magistrado dispuso que mediante comisión rogatoria se notificase a Juliá su obligación de regresar a España y someterse al control de la CAS dependiente de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. Como era previsible, la nueva resolución se convirtió en papel mojado y el asesino de Atocha desapareció.
En prisión en Bolivia por narcotráfico
No se volverían a tener noticias suyas hasta el año 1999, cuando periodistas de la revista Interviu le localizaron en una prisión de Bolivia [7] .Tras viajar en repetidas ocasiones a Argentina, Brasil y Estados Unidos, en marzo de 1996 había recalado en Santa Cruz procedente de Uruguay y solo dos meses después, el 10 de mayo, sería detenido acusado de narcotráfico. Previamente, habían sido detenidos dos españoles en el aeropuerto de Viru-Viru con doce quilos de cocaína que pensaban sacar del país en un vuelo a Zurich. Juliá fue detenido en el hotel con el material para envolver la droga, 11.000 dólares estadounidenses y diversas cantidades de dinero en las monedas de Paraguay, España y Suiza. La policía boliviana le señaló como el principal miembro de la organización y propietario de la droga y sostenía que ya había traficado en Estados Unidos. Juliá declaró a la policía que era comerciante, vendedor y psicólogo, profesión esta última que consta en su ficha policial. Y argumentó que se trataba de una trampa urdida por la embajada española debido a su fama en España: “Porque maté comunistas, maté a cinco y por eso pensé que la embajada me había preparado esto”.
Al ser detenido, la policía boliviana cursó una petición de sus antecedentes a Interpol-Madrid, recibiendo un télex el 7 de junio de 1996 en el que se detallaba su historial delictivo y se precisaba que tenía interesada una orden de busca y captura. En ese momento era recluso en la prisión de Palmasola, donde se hacía acompañar por un narcotraficante colombiano y disponía de un servicio de guardaespaldas compuesto por varios reclusos. Por tanto, las autoridades españolas eran conocedoras de su estancia en el país andino desde 1996.
El reportaje de Interviu motivó que Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional, intentase su extradición, lo cual no fue posible debido a un problema del convenio entre ambos países y, de nuevo, un conflicto competencial entre la Audiencia y los juzgados de Valladolid. Casualmente, un juez de Santa Cruz le otorgó la libertad condicional en noviembre de 1999, con solo la mitad de la condena cumplida [8] . Ese mismo mes, el diputado de IU Felipe Alcaraz formuló varias preguntas en el Congreso al respecto y el gobierno de José María Aznar mintió en sede parlamentaria cuando el 19 de enero de 2001 aseguró que Carlos García Juliá estaba preso en Bolivia. En realidad llevaba meses en paradero desconocido [9] .
Respuesta del Gobierno: El señor García Juliá cumple actualmente condena en la prisión de Palmasola (Santa Cruz-Bolivia) por un delito de narcotráfico. El señor García Juliá llegó a Bolivia quebrantando los términos de la libertad condicional de que se beneficiaba, por lo que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, por Auto de 14 de agosto de 1996, revocó ese régimen de libertad condicional. No existe constancia de que se haya solicitado la extradición del señor García Juliá. Caso de que se solicitara, el Gobierno, de conformidad con su práctica de respeto y acatamiento de las resoluciones judiciales, la tramitaría por los conductos establecidos al efecto. Madrid, 19 de enero de 2001.El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Cuando en abril de 2001 el gobierno reclamó su extradición a Bolivia, ya habían transcurrido dos años y Juliá se había trasladado a Brasil.
Extradición en agosto de 2019
Finalmente, y según la versión oficial dada a conocer a los medios, la colaboración entre la Policía Nacional, la Interpol y la Policía Federal brasileña condujo a su detención el 6 de diciembre de 2018, cuando vivía en el barrio de Barra Funda, de São Paulo (Brasil). Utilizaba la identidad falsa de Genaro Antonio Materán Flores, de nacionalidad venezolana, y habría accedido al país a pie en 2001 desde Venezuela por la frontera del estado de Roraima. Sin embargo, no se registró como extranjero hasta 2009 y el hecho de no haber renovado la documentación desde 2011 levantó las sospechas de las autoridades. Durante los años que estuvo prófugo de la justicia, siempre gozó de una amplia libertad de movimientos, burlando los controles de los aeropuertos con identidades falsas con las que pudo viajar a Estados Unidos y los principales países de América Latina, como Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Argentina y Venezuela, donde nunca le faltó trabajo, pese a sus antecedentes. Una vez más, resulta grotesco que, tras mantenerse prófugo de la justicia durante veintidós años, cometiese un error tan básico, olvidando renovar su permiso de residencia. Más aún si, como parece, desarrollaba trabajos de seguridad para personalidades empresariales y gubernativas brasileñas.
Porque durante su dilatada estancia en América ocupó una amplia variedad de empleos pero, sobre todo, se presentaba como militar con formación internacional, asegurando en sus entrevistas de trabajo que era suboficial paracaidista, detective privado y consejero de seguridad de altos y destacados directivos de empresas brasileñas y administraciones públicas. Sin embargo, al ser detenido mantuvo que su empleo era de conductor de la empresa Uber [10].
En diciembre de 2018 se inició el procedimiento de extradición, durante el cual estuvo recluido en un centro para detenidos preventivos de São Paulo, hasta que la Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición en agosto de 2019. Finalmente, García Juliá regresó a España el 7 de febrero de 2020, procedente de Brasil, e ingresó en la prisión de Soto del Real.
¿Libertad o jubilación?
La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el 21 de febrero de 2020 que la condena pendiente era de 3.854 días (hasta el 26 de agosto de 2030), rebajada ahora a 287 días por la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Podrá salir en libertad el próximo 19 de noviembre, tan solo diecinueve días después de haber cumplido los sesenta y cinco años de edad. Es decir, alcanzará su jubilación en su propio país como ciudadano libre. Los abogados de las víctimas de Atocha lamentan que se le apliquen “todo tipo de redenciones ordinarias y extraordinarias en su expediente, cuando el reglamento penitenciario de la época prohíbe expresamente redimir penas por trabajo a quien haya intentado quebrantar la condena”. El propio tribunal indica que “comprende y comparte la contradicción y perplejidad” por su liberación pero que “no es una cuestión de sentimientos, que lógicamente se respetan, sino del principio de legalidad y de aplicación de la norma vigente en su momento”, el Código Penal de 1973.
Parece el penúltimo episodio de la rocambolesca historia judicial de Carlos García Juliá, un personaje clave que podría ayudar a desvelar muchos misterios de la transición y a conocer toda la verdad sobre la matanza de Atocha. Su historia está trufada de sucesos peculiares, extraños y poco entendibles, tanto desde el punto de vista judicial como de sus actividades personales, con polémicos permisos penitenciarios, retrasos en la solicitud de extradición o contradicciones entre instancias judiciales que facilitaron siempre su huida, incluso cuando estaba detenido por narcotráfico. Sucesos de difícil lectura, excepto si sus funciones estuviesen relacionadas con la información y la inteligencia, protegido por un Estado o Estados. Quizá sería una buena pregunta para la Comisión de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Notas:
1. Diario 16. 26-V-1977, pág. 6. Los asesinos no estaban solos. La semana del complot (VII). Gregorio Morán
2. La Vanguardia. 23-X-1979. El director de la prisión, su familia y un practicante, rehenes durante doce horas. Dos reclusos, uno de ellos implicado en la matanza de Atocha, pretendían fugarse exigiendo un coche y rehenes bajo amenaza de muerte.
3. Diario 16, 27 septiembre 1992
4. El País, 9-XII-1994. Uno de los asesinos de la “matanza de Atocha”, en libertad condicional, se marcha a Paraguay.
5. El País, 25-I-1995. El 'ultra' García Juliá vive en Paraguay sin ningún control desde septiembre.
6. El País. 24-I-1995. Un juez da marcha atrás y ordena al 'ultra' García Juliá que vuelva a España.
7. Interviu, número 1201, 3 al 9 de mayo de 1999. El penúltimo eslabón de la matanza de Atocha. Alberto Gayo y Fernando Abizanda.
8. El País, 19-VIII-2019. El asesino de Atocha que estuvo huido 25 años. Alberto Gayo
9. VII Legislatura. Boletín Oficial de las Cortes Generales, 7-XII-1999., página 110. Y 12-II-2001, página 326.
10. El Confidencial, 15-XII-2018. https://bit.ly/36CwLgD
Días antes de la matanza de Atocha, estaba en contacto con los servicios secretos a través de un agente del Servicio Central de Documentación (SECED) que utilizaba el pseudónimo de Luis Barco Bellver. En concreto, un testigo presencial les identificó en una reunión mantenida en la cafetería Dólar el 18 de enero de 1977 [1].
La noche del 24 de enero de ese mismo año, entró en el despacho de abogados de la calle Atocha junto a José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada y disparó contra las nueve personas que se encontraban presentes, matando a cinco de ellas e hiriendo a otras cuatro, todas militantes del PCE y de CCOO. El 13 de marzo fue detenido en la estación de tren de Almería junto a otra implicada, Gloria Herguedas, cuando acudían a reunirse con Fernández Cerrá. Ese mismo día, el agente Bellver mantuvo una reunión con algunos miembros importantes de la extrema derecha en una habitación de la tercera planta del hotel Meliá Castilla para darles detalles de la operación policial.
Reclutado por un agente del SECED
Unos meses antes de celebrarse el juicio, el domingo 21 de octubre de 1979, Carlos García Juliá y otro recluso de ultraderecha condenado por homicidio, José Luis Magaña, entraron armados con sendos puñales en el domicilio del director de la prisión de Ciudad Real, Pedro García Martín, y le tomaron como rehén junto a su esposa, sus cuatro hijos y un funcionario. Tardaron doce horas en poner fin al secuestro, en el transcurso de las cuales Juliá realizó declaraciones telefónicas a Radio Nacional de España en las que asumió su implicación en el crimen de Atocha, reconoció que su estancia en prisión era justa y profirió una frase que repetiría siempre a lo largo de los años: “Disparé contra cuatro comunistas”. El secuestro e intento de fuga le costaron otros tres años y veinte días de cárcel. A pesar de estos hechos, la Audiencia de Ciudad Real pretende aplicarle beneficios penitenciarios para salir anticipadamente de prisión [2].
Cuando el juicio por la matanza de Atocha se celebró en febrero de 1980, García Juliá y Fernández Cerrá fueron condenados como autores materiales de la matanza a una pena de 193 años de reclusión, aunque la sentencia establecía un periodo máximo de treinta años reales de prisión como cumplimiento de la pena. Durante el juicio trascendió la supuesta identidad del agente de inteligencia que le había reclutado: Arturo Prieto Cueto, comandante de la Guardia Civil adscrito al SECED, que mantenía hilo directo con los neofascistas italianos pertenecientes a la operación Gladio de la OTAN.
En diciembre de 1983, ambos planeaban un nuevo intento de fuga de la prisión de San Antón, en Cartagena. Esta vez junto a los dos condenados por el asesinato de Yolanda González pero la intentona fue descubierta por los funcionarios antes de que pudieran llevarla a cabo.
Emilio Hellín, uno de los implicados, se fugó finalmente a Paraguay en 1987, aprovechando un permiso concedido por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid. Los padres de Yolanda González presentaron una querella criminal por estimar que el permiso concedido facilitó su fuga. En 1989 declaró al diario paraguayo ABC que una fuga anterior de la prisión de Alcalá había estado apoyada por "sus camaradas del servicio de inteligencia militar español". En febrero de 2013, el diario El País destapaba que pese a dos fugas de la cárcel solo cumplió 14 de los 43 años de condena y que trabajó para la Policía y la Guardia Civil como uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en casos de terrorismo y delincuencia organizada. Como se verá, existen claras y sospechosas semejanzas entre la vida de Hellín y la de García Juliá, incluyendo los beneficios penitenciarios que les fueron concedidos.
Libertad condicional y huida
El 23 de septiembre de 1991, Carlos García Juliá obtuvo una polémica libertad condicional que se mantuvo en secreto hasta un año después, cuando Diario 16 publicó la noticia [3] . Nunca había disfrutado del tercer grado penitenciario, a pesar de que en su ficha carcelaria figuraban siete peticiones de revisión de grado y sesenta y tres traslados desde prisión.
Una vez en la calle, creó con Jaime Febrel y Simón, también de extrema derecha, una empresa de espionaje e informes comerciales denominada García & Febrel, a pesar de carecer de licencia del Ministerio del Interior y no figurar ni en el Registro de la Propiedad Mercantil y Sociedades ni en el Registro de Marcas. La legislación exigía para las agencias de detectives un permiso emitido por el Ministerio del Interior y que los titulares careciesen de antecedentes penales. Aun así, la sociedad se constituyó con créditos de Cajamadrid y estaba situada en una lujosa oficina de una torre de la calle Menéndez Pelayo de Madrid. En febrero de 1993 se vio implicada en el espionaje a Baltasar Garzón, revelado por la Audiencia Nacional y relacionado con el procesamiento por parte del juez de Monzer Al Kassar, uno de los mayores traficantes de armas.
Un año después, el 12 de agosto de 1994, Juliá presentó un escrito en la Sección Penal de la Audiencia Nacional, solicitando la posibilidad de abandonar España y trasladarse a la capital de Paraguay por una oferta laboral. Por tratarse de un periodo vacacional, la Audiencia no tramitó la solicitud hasta el mes de septiembre, cuando por fin la remitió al Juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, José Luis Castro Antonio [4]. Su caso dio lugar a un laberinto burocrático lleno de conflictos competenciales y jurisdiccionales que se ha hecho habitual hasta la actualidad antes de cada uno de sus permisos o fugas. Hasta el punto de que la actitud de la Audiencia Nacional siempre se ha parecido más a un baile de máscaras que a un problema de competencias. Exactamente igual a lo sucedido en la actualidad con la Audiencia provincial de Ciudad Real. Su situación penitenciaria dependía de la autoridad judicial de Castilla y León porque antes de la obtención de la libertad condicional estaba recluido en la prisión de Villanubla, en Valladolid. Sin embargo, al tener fijado su domicilio en Madrid, el control de su libertad condicional correspondía a la Comisión de Asistencia Social (CAS) de la capital. Este hecho provocó un vacío durante el cual no se tomaron decisiones por parte de ninguna de las administraciones de justicia. Y la falta de noticias sobre Juliá llevó a algunos responsables penitenciarios a contactar con sus familiares para intentar que estos le aconsejaran regresar a España y aclarar su situación legal.
Finalmente, el 1 de diciembre, el juzgado de Valladolid (el mismo que a Hellín) autorizó a Juliá la residencia en Paraguay, país donde ya se encontraba desde principios del mes de septiembre. Había viajado antes de tener el permiso definitivo, pese a encontrarse en libertad condicional y sin haber extinguido su pena. Ninguna administración aclaró cuándo había viajado o si tenía permiso para hacerlo pero el día 6 de septiembre se presentó en la embajada de España en Asunción, donde se inscribió como transeúnte y envió a las autoridades españolas la copia de un contrato laboral con una empresa denominada Traflumar. El juez le había concedido la autorización esgrimiendo tres argumentos fundamentales: uno, el solicitante estaba rehabilitado; dos, el empleo en Paraguay era un buen sistema para su reinserción social; y tres, el solicitante destacaba por su buen comportamiento. "Hasta ahora ha respondido perfectamente a todos los beneficios penitenciarios", señalaba textualmente el auto judicial.
En Paraguay con una autorización ilegal y desaparece
Sin embargo, Juliá había sido autorizado pese a figurar en el fichero de internos de especial seguimiento (FIES) por su condición de terrorista, cuyo control debería haber sido especial incluso al encontrarse en libertad condicional. Y la legislación no preveía el supuesto de cumplir la libertad condicional en otro país, excepto en el caso de extranjeros condenados en España. El propio ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch (PSOE), se vio obligado a responder en el Congreso a las preguntas sobre el tema, incluyendo las presentadas por su propio partido, en concreto por el diputado José María Mohedano, también abogado de la acusación particular en el caso Atocha, que arremetió en su intervención contra la fiscalía, los magistrados de la Audiencia Nacional y el juez Castro por autorizar la salida de España de un asesino en libertad condicional. Mohedano también acusaba a la Audiencia Nacional de clara pasividad por no haberse ni molestado en reclamar a García Juliá (y a Fernández Cerrá) el pago de los casi 50 millones de pesetas de indemnización a que fueron condenados y que nunca han pagado.
Casi cinco meses después de su llegada a Paraguay, trascendió que seguía residiendo en el país pero lo hacía sin ningún control administrativo y sin necesidad de presentarse regularmente ante las autoridades españolas. La embajada comunicó que había comparecido una única vez en el mes de septiembre y que su presencia había pasado desapercibida porque aquel día la delegación diplomática española estaba muy ajetreada por la visita al país del presidente del gobierno, Felipe González [5].
Nueve días después de la decisión judicial, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Antonio del Hoyo, presentó un recurso que finalmente sería aceptado por el juez. En el nuevo auto, José Luis Castro reconocía que era muy complicado controlar la libertad condicional de Juliá en un país extranjero, asumiendo un argumento que había desechado al conceder la autorización pese a que la embajada española había comunicado en septiembre que no podría hacerse cargo del seguimiento. Además, consideraba que existían indicios negativos en su comportamiento al haber abandonado España sin aguardar la resolución judicial sobre su petición de traslado a Paraguay [6] . Por estos y otros motivos, el magistrado dispuso que mediante comisión rogatoria se notificase a Juliá su obligación de regresar a España y someterse al control de la CAS dependiente de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. Como era previsible, la nueva resolución se convirtió en papel mojado y el asesino de Atocha desapareció.
En prisión en Bolivia por narcotráfico
No se volverían a tener noticias suyas hasta el año 1999, cuando periodistas de la revista Interviu le localizaron en una prisión de Bolivia [7] .Tras viajar en repetidas ocasiones a Argentina, Brasil y Estados Unidos, en marzo de 1996 había recalado en Santa Cruz procedente de Uruguay y solo dos meses después, el 10 de mayo, sería detenido acusado de narcotráfico. Previamente, habían sido detenidos dos españoles en el aeropuerto de Viru-Viru con doce quilos de cocaína que pensaban sacar del país en un vuelo a Zurich. Juliá fue detenido en el hotel con el material para envolver la droga, 11.000 dólares estadounidenses y diversas cantidades de dinero en las monedas de Paraguay, España y Suiza. La policía boliviana le señaló como el principal miembro de la organización y propietario de la droga y sostenía que ya había traficado en Estados Unidos. Juliá declaró a la policía que era comerciante, vendedor y psicólogo, profesión esta última que consta en su ficha policial. Y argumentó que se trataba de una trampa urdida por la embajada española debido a su fama en España: “Porque maté comunistas, maté a cinco y por eso pensé que la embajada me había preparado esto”.
Al ser detenido, la policía boliviana cursó una petición de sus antecedentes a Interpol-Madrid, recibiendo un télex el 7 de junio de 1996 en el que se detallaba su historial delictivo y se precisaba que tenía interesada una orden de busca y captura. En ese momento era recluso en la prisión de Palmasola, donde se hacía acompañar por un narcotraficante colombiano y disponía de un servicio de guardaespaldas compuesto por varios reclusos. Por tanto, las autoridades españolas eran conocedoras de su estancia en el país andino desde 1996.
El reportaje de Interviu motivó que Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional, intentase su extradición, lo cual no fue posible debido a un problema del convenio entre ambos países y, de nuevo, un conflicto competencial entre la Audiencia y los juzgados de Valladolid. Casualmente, un juez de Santa Cruz le otorgó la libertad condicional en noviembre de 1999, con solo la mitad de la condena cumplida [8] . Ese mismo mes, el diputado de IU Felipe Alcaraz formuló varias preguntas en el Congreso al respecto y el gobierno de José María Aznar mintió en sede parlamentaria cuando el 19 de enero de 2001 aseguró que Carlos García Juliá estaba preso en Bolivia. En realidad llevaba meses en paradero desconocido [9] .
Respuesta del Gobierno: El señor García Juliá cumple actualmente condena en la prisión de Palmasola (Santa Cruz-Bolivia) por un delito de narcotráfico. El señor García Juliá llegó a Bolivia quebrantando los términos de la libertad condicional de que se beneficiaba, por lo que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, por Auto de 14 de agosto de 1996, revocó ese régimen de libertad condicional. No existe constancia de que se haya solicitado la extradición del señor García Juliá. Caso de que se solicitara, el Gobierno, de conformidad con su práctica de respeto y acatamiento de las resoluciones judiciales, la tramitaría por los conductos establecidos al efecto. Madrid, 19 de enero de 2001.El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Cuando en abril de 2001 el gobierno reclamó su extradición a Bolivia, ya habían transcurrido dos años y Juliá se había trasladado a Brasil.
Extradición en agosto de 2019
Finalmente, y según la versión oficial dada a conocer a los medios, la colaboración entre la Policía Nacional, la Interpol y la Policía Federal brasileña condujo a su detención el 6 de diciembre de 2018, cuando vivía en el barrio de Barra Funda, de São Paulo (Brasil). Utilizaba la identidad falsa de Genaro Antonio Materán Flores, de nacionalidad venezolana, y habría accedido al país a pie en 2001 desde Venezuela por la frontera del estado de Roraima. Sin embargo, no se registró como extranjero hasta 2009 y el hecho de no haber renovado la documentación desde 2011 levantó las sospechas de las autoridades. Durante los años que estuvo prófugo de la justicia, siempre gozó de una amplia libertad de movimientos, burlando los controles de los aeropuertos con identidades falsas con las que pudo viajar a Estados Unidos y los principales países de América Latina, como Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Argentina y Venezuela, donde nunca le faltó trabajo, pese a sus antecedentes. Una vez más, resulta grotesco que, tras mantenerse prófugo de la justicia durante veintidós años, cometiese un error tan básico, olvidando renovar su permiso de residencia. Más aún si, como parece, desarrollaba trabajos de seguridad para personalidades empresariales y gubernativas brasileñas.
Porque durante su dilatada estancia en América ocupó una amplia variedad de empleos pero, sobre todo, se presentaba como militar con formación internacional, asegurando en sus entrevistas de trabajo que era suboficial paracaidista, detective privado y consejero de seguridad de altos y destacados directivos de empresas brasileñas y administraciones públicas. Sin embargo, al ser detenido mantuvo que su empleo era de conductor de la empresa Uber [10].
En diciembre de 2018 se inició el procedimiento de extradición, durante el cual estuvo recluido en un centro para detenidos preventivos de São Paulo, hasta que la Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición en agosto de 2019. Finalmente, García Juliá regresó a España el 7 de febrero de 2020, procedente de Brasil, e ingresó en la prisión de Soto del Real.
¿Libertad o jubilación?
La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el 21 de febrero de 2020 que la condena pendiente era de 3.854 días (hasta el 26 de agosto de 2030), rebajada ahora a 287 días por la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Podrá salir en libertad el próximo 19 de noviembre, tan solo diecinueve días después de haber cumplido los sesenta y cinco años de edad. Es decir, alcanzará su jubilación en su propio país como ciudadano libre. Los abogados de las víctimas de Atocha lamentan que se le apliquen “todo tipo de redenciones ordinarias y extraordinarias en su expediente, cuando el reglamento penitenciario de la época prohíbe expresamente redimir penas por trabajo a quien haya intentado quebrantar la condena”. El propio tribunal indica que “comprende y comparte la contradicción y perplejidad” por su liberación pero que “no es una cuestión de sentimientos, que lógicamente se respetan, sino del principio de legalidad y de aplicación de la norma vigente en su momento”, el Código Penal de 1973.
Parece el penúltimo episodio de la rocambolesca historia judicial de Carlos García Juliá, un personaje clave que podría ayudar a desvelar muchos misterios de la transición y a conocer toda la verdad sobre la matanza de Atocha. Su historia está trufada de sucesos peculiares, extraños y poco entendibles, tanto desde el punto de vista judicial como de sus actividades personales, con polémicos permisos penitenciarios, retrasos en la solicitud de extradición o contradicciones entre instancias judiciales que facilitaron siempre su huida, incluso cuando estaba detenido por narcotráfico. Sucesos de difícil lectura, excepto si sus funciones estuviesen relacionadas con la información y la inteligencia, protegido por un Estado o Estados. Quizá sería una buena pregunta para la Comisión de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Notas:
1. Diario 16. 26-V-1977, pág. 6. Los asesinos no estaban solos. La semana del complot (VII). Gregorio Morán
2. La Vanguardia. 23-X-1979. El director de la prisión, su familia y un practicante, rehenes durante doce horas. Dos reclusos, uno de ellos implicado en la matanza de Atocha, pretendían fugarse exigiendo un coche y rehenes bajo amenaza de muerte.
3. Diario 16, 27 septiembre 1992
4. El País, 9-XII-1994. Uno de los asesinos de la “matanza de Atocha”, en libertad condicional, se marcha a Paraguay.
5. El País, 25-I-1995. El 'ultra' García Juliá vive en Paraguay sin ningún control desde septiembre.
6. El País. 24-I-1995. Un juez da marcha atrás y ordena al 'ultra' García Juliá que vuelva a España.
7. Interviu, número 1201, 3 al 9 de mayo de 1999. El penúltimo eslabón de la matanza de Atocha. Alberto Gayo y Fernando Abizanda.
8. El País, 19-VIII-2019. El asesino de Atocha que estuvo huido 25 años. Alberto Gayo
9. VII Legislatura. Boletín Oficial de las Cortes Generales, 7-XII-1999., página 110. Y 12-II-2001, página 326.
10. El Confidencial, 15-XII-2018. https://bit.ly/36CwLgD
